Elecciones | Los 140 candidatos herederos de la ilegalidad - Fundación Paz y Reconciliación (PARES)
Por: Ariel Ávila Martínez* | El Espectador - Las 2 orillas
La Fundación Paz y Reconciliación ha venido
adelantando una investigación en ocho departamentos del país sobre las
relaciones entre estructuras políticas y grupos criminales. El objetivo es
establecer cuáles son los candidatos criminalizados que participarán en los
comicios locales y regionales de octubre. En esas elecciones se elegirán
alcaldes y gobernadores, así como cuerpos colegiados para ambas
circunscripciones.
Los departamentos estudiados son Valle del Cauca,
Córdoba, Bolívar, Sucre, Magdalena, Cesar, Antioquia y Santander. Por otra
parte, se han realizado visitas a terreno en otros departamentos donde
igualmente se ha recopilado información: Putumayo, Guaviare, Casanare y La
Guajira.
Se logró establecer un total de 140 candidatos
criminalizados, distribuidos en 19 departamentos, los cuales fueron agrupados
en una matriz de riesgos electorales. De ese total, el 78% tiene altas
probabilidades de salir elegido.
Luego de analizar toda la información se pueden
sacar seis grandes conclusiones. Por un lado, los candidatos criminalizados no
son homogéneos en sus vínculos con la ilegalidad. Hay por lo menos cuatro
tipologías:
a. Herederos
de la parapolítica. Estos candidatos
son “cuota” directa de un político involucrado con el escándalo de la
parapolítica, ya sea por estar condenado o investigado. Tal es el caso del
departamento del Magdalena, donde Rosa Cotes, esposa del condenado parapolítico
Chico Zúñiga, se está lanzando a la Gobernación, al parecer sin competencia
alguna. Ella hereda la estructura política de su esposo, quien era conocido
como uno de los miembros del clan de los Conejos. Además, Cotes estaría siendo
apoyada por un buen grupo de parapolíticos como Poncho Campos, Jorge Caballero
o el famoso Trino Luna.
b.
Candidatos vinculados a organizaciones criminales. Estos pertenecieron a organizaciones criminales y
después de pagar cárcel están intentando participar en política o, a pesar de
sus vínculos comprobados, aspiran a un cargo de elección popular. Por ejemplo,
Jesús Ignacio Londoño, candidato a la Alcaldía de Cartago, quien es reconocido
como el intermediario de narcos con la alta política y ha sido señalado como
uno de los puentes entre el cartel de Cali y la campaña de Ernesto Samper.
Igualmente se lo conoce como intermediario entre los capos del cartel de Los
Comba o Rastrojos con diferentes agentes estatales.
c. Un tercer
grupo de candidatos son aquellos que tienen condenas o inhabilidades por parte
de la Procuraduría, la Contraloría o la Fiscalía. Estos son aspirantes que han ejercido cargos
públicos y cuya ejecución ha estado permeada por escándalos relacionados con el
mal manejo de recursos o porque han violado la ley durante su mandato. Tal es
el caso de Carlos Guillermo Atehortúa, el candidato a la Alcaldía de Yarumal
por el Centro Democrático, quien tiene investigaciones preliminares en la
Procuraduría Regional por la ejecución de proyectos durante su mandato como
alcalde entre 2008 y 2011, al igual que es investigado por la Contraloría
General de Antioquia por presunto detrimento al patrimonio por la construcción
de un parque por $2.850 millones, el cual actualmente se encuentra en ruinas.
d. Por
último encontramos candidatos ligados con redes de contratistas, que se han beneficiado del desfalco del erario,
como es el caso de Holger Díaz, quien es candidato a la Gobernación de
Santander. Díaz fue investigado por el delito de concusión, por presuntamente
haber recibido comisiones del Grupo Saludcoop para beneficiarlo con los
trámites de reforma a la salud en el Congreso de la República.
La segunda conclusión es que los candidatos
criminalizados están buscando los avales de los partidos tradicionales.
Contrario a la tendencia que se había presentado en elecciones pasadas, en las
cuales los candidatos que representaban mayor riesgo materializaban sus
inscripciones por medio de nuevos movimientos, los partidos políticos
tradicionales han sido hasta el momento los que han entregado avales.
Varios son los ejemplos. Entre ellos se destaca el
caso de Luis Pérez, quien en 2011 buscó la Alcaldía de Medellín por medio del
movimiento Firmes por el Rescate de Medellín y hoy cuenta con el aval del
Partido Liberal. Pérez ha enfrentado cuestionamientos por sus manejos
contractuales como alcalde y por supuestos acuerdos con paramilitares en su
candidatura a la Alcaldía de Medellín en 2011, en la cual, se presume, recibió
el apoyo de diferentes combos armados en las comunas de la capital antioqueña.
Hubo zonas de la ciudad en las que sólo su campaña pudo hacer proselitismo.
La tercera conclusión es que los candidatos en
riesgo han consolidado su caudal electoral en los municipios que tuvieron los
más altos índices de violencia durante la arremetida paramilitar. Es decir, que
estos candidatos se beneficiaron de la mal llamada “pacificación paramilitar”.
Tal es el caso de Milene Jaraba Díaz, candidata a la Gobernación de Sucre y
esposa delexcongresista Yahir Acuña, quien en las pasadas elecciones
tuvo un indiscutible dominio electoral en municipios del Sucre que fueron
azotados por la violencia paramilitar. Milene se beneficiaría del caudal
político de su esposo, que se consolidó acompañado de parapolíticos como Salvador
Arana y el Gordo García, quienes trabajaron de la mano de los paramilitares de
Sucre y Bolívar.
El propio Acuña es investigado por múltiples
relaciones con jefes paramilitares.
Los casos más dramáticos se presentan en el
Magdalena, donde una serie de firmantes del pacto de Chibolo, que fue liderado
por Jorge 40, jefe del bloque Norte de las Auc, han regresado a la arena
política después de haber pagado cárcel, haberse escondido o desaparecer de la
escena pública por algunos años.
Uno de los ejemplos es el de José Ordóñez, el Cura,
quien es candidato a la Alcaldía de Santa Marta. Durante la reunión del pacto
de Chibolo, Jorge 40 propuso a dos personas como candidatos a la Gobernación, y
en medio de la reunión decidió que sólo habría un candidato. Todos los
políticos aliados de los paramilitares y quienes se encontraban en el pacto
votaron. José Ordoñez compitió con José Domingo Chelo Dávila Armenta, que quedó
como ganador con 266 votos, contra 138 de Ordóñez y seis votos nulos (ver facsímil 1).
Otro de los ejemplos es el de Jorge Ternera
Escalante, candidato a la Alcaldía de Pivijay. Ternera Escalante fue firmante
del pacto de Chibolo y ahora compite por la Alcaldía de uno de los municipios
que servían como base a Jorge 40 (ver
facsímil 2).
Un tercer caso es el de Julio Ramón Peñaloza,
candidato a la Alcaldía de Plato, Magdalena, y también firmante del pacto de
Chibolo (ver facsímil 3).
Una cuarta conclusión es que la participación
política ha comenzado mucho antes del período legal de campaña. Mientras la
competencia electoral se agudiza, los costos de campaña se elevan y por ende se
están violando las normas electorales. Esta situación se presenta por la
incapacidad de los entes de control electoral de hacer seguimiento verídico de
los gastos de campaña de los candidatos, y la falta de mecanismos de sanción
electoral cuando los candidatos incurren en faltas. De igual manera, esta
situación da pie para que actores armados ilegales o contratistas financien
campañas, dado los altos costos para competir electoralmente, lo que de igual
manera limita a nuevos candidatos a participar. De cierta manera se está
pasando de un proselitismo armado en las elecciones a un proselitismo económico
de financiación de campañas.
Una quinta conclusión es que, debido a los altos
costos de campaña, los candidatos se ven forzados a hacer política por medio de
clanes políticos, que usan su maquinaria política e invierten grandes
cantidades de dinero para financiar campañas. Es decir, se perpetúa una
estructura corporativa de política, donde los clanes funcionan como empresas
electorales. Este caso se refleja con Ovidio Mejía, candidato a la Gobernación
de La Guajira que se alió con la casa Nueva Guajira de Jorge Pérez Bernier para
poder competir contra Oneida Pinto, la candidata de la casa política
Ballesteros y de Kiko Gómez.
Una última conclusión es que los dineros de la
mermelada o cupos indicativos entregados en 2014 a diferentes congresistas han
cambiado el mapa político en varias regiones del país. Senadores que lograron
importantes votaciones en 2014 en municipios donde nunca habían tenido caudal
electoral intentan consolidarse en ellos mediante candidatos a alcaldías.
* Investigador de la Fundación Paz y
Reconciliación.
