Crónica | “Nos tocó meterle una bomba a Colanta”: excomandante Carranza

El 25 de octubre de 2021 se conmemoran dieciocho años de la bomba contra la planta de la Cooperativa Lechera de Antioquia (Colanta), en Yarumal, que estalló en 2003. El Frente 36 de las FARC, desmovilizado en 2016 como parte del Acuerdo firmado con el gobierno, no ha reconocido hasta el momento este hecho, ni pedido perdón a las víctimas de las siete personas que murieron. También hubo trece heridos. Esta crónica reconstruye la tragedia que enlutó a Yarumal y remueve la historia del conflicto que afectó a la población durante más de cuatro décadas, dejando centenares de víctimas. El excomandante del Frente, Anderson o Carranza, estaría dispuesto a pedirle perdón a las familias afectadas.

Sergio Mesa Cárdenas

El 25 de octubre de 2003, se realizaron en Colombia las elecciones del referendo, convocado por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, para hacer una reforma constitucional. Fueron dieciséis puntos en los cuales los electores debían rayar: sí o no, a las preguntas extensas e ininteligibles para la mayoría de quienes acudieron a las urnas. La pregunta número 6 buscaba la reducción del Congreso de la República, una propuesta que durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos -entre 2010 y 2018- propuso el uribismo, tendencia política creada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez desde el partido Centro Democrático, para oponerse al Acuerdo de Paz que se negociaba en La Habana, Cuba, entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo, FARC-EP.

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Las amenazas del Frente 36 las Farc: Jair Aldana Baquero, del Bloque Iván Ríos, contra Colanta, venían acrecentándose desde el año 2002, al no cumplir con la exigencia de una extorsión, la cual debían pagar por las plantas de acopio de leche de Yarumal y Santa Rosa de Osos, así como de los almacenes agropecuarios en la subregión del Norte antioqueño. Los carrotanques recolectores de leche eran objeto de hostigamientos en la vía y, en algunos casos, incendiados.

El sábado 6 de septiembre de 2003 sería la primera advertencia de la tragedia que se avecinaba. Un lechero que transportaba cantinas de leche desde el municipio de Angostura, de placas LWI 791, llegó a la planta de acopio de leche de Colanta, en Yarumal, sobre las dos y treinta de la tarde, con un artefacto explosivo camuflado en una de las cantinas.

“Durante una hora, los empleados de la planta de acopio […] en Yarumal, estuvieron sin saber qué hacer con la carga explosiva que llegó dentro de una cantina de aluminio”, informó El Tiempo en su edición del 8 de septiembre.

El Tiempo, 7 de septiembre de 2003

Uno de los operarios, en el descargue de camión ‘lechero’, descubrió que varias bolsas de basura y unos cables eléctricos bordeaban una cantina. “¡Bomba!”, fue lo que dijo el operario, siendo escuchado por el guardia de seguridad Walter Albeiro Gómez Gil.

“Estaba en mi casa cuando retumbaron los vidrios, pensé que era otro atentado contra el puente sobre el río Nechí, pero cuando me dijeron que era en la planta lechera me sorprendí”, le dijo a El Tiempo un productor asociado a Colanta.

La Policía de Yarumal acudió al sitio. Los expertos en explosivos más cercanos estarían en Medellín y el recorrido hasta Yarumal tardaría más de tres horas. La premura de los operarios era crear una estrategia para evitar que la bomba explotara. Levantar la tapa de la caneca fue la única idea. ¡Boom! Ese fue el estallido que escuchó el guardia Gómez Gil al salir corriendo hasta el sitio en donde se resguardó. Minutos más tarde debió ser trasladado a un centro hospitalario en Medellín producto de las esquirlas de la bomba, las cuales se le incrustaron en una de sus piernas.

Además de Walter Albeiro, quien años más tarde fue elegido concejal de Yarumal para el periodo 2008-2011, por el Partido Verde Opción Centro, resultaron heridos Arbey Baquero y Guillermo Sánchez. 

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La madrugada del 22 de mayo de 2002 se sintió una fuerte explosión en Yarumal. A la una y cuarenta de la madrugada hombres del Frente 36 de las Farc instalaron una carga explosiva sobre el río Nechí. “[una columna de] hombres armados y vestidos con uniformes camuflados llegó hasta el sitio Talcos y activó una bomba que abrió un cráter de aproximadamente dos metros cuadrados en el lado derecho de la estructura”, reportó El Tiempo en su edición del 23 de mayo, dejando como “consecuencia del atentado una ambulancia del Hospital San Juan de Dios de […] Yarumal [que regresaba de Medellín y que] cayó al cráter”. El hecho dejó con lesiones menores a la enfermera Paola Restrepo Múnera, mientras que el conductor Miguel Arcángel García salió ileso.

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El 31 mayo de 2021 visité la vereda La Plancha, en Anorí, en donde fue instalado el Espacio Territorial de Reincorporación y Capacitación (ETRC), donde están concentrados desde 2016 los desmovilizados del Frente 36 que se acogieron al Acuerdo de Paz para la terminación del conflicto, firmado entre el Gobierno y las FARC, y dejaron sus armas. Allí entrevisté a Ovidio Antonio Mesa Ospina, alias Anderson o Carranza, excomandante del Frente 36 de las Farc. Era un lunes soleado. Como era mediodía y el calor incrementaba nos tomamos una que otra cerveza para la sed. En medio de un aguacero torrencial, él y amigos que me acompañaron desde Campamento, nos resguardamos en uno de los pasillos del campamento civil y conversamos sobre sus recuerdos de la guerra.

Espacio territorial de la vereda La Plancha, Anorí (cortesía ONU)

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El atentado terrorista contra Colanta fue planeado y ordenado por alias Anderson o Carranza, quien tenía su centro de operaciones en Anorí, municipio del Nordeste antioqueño, desde donde extendió sus dominios a Campamento, Angostura, Yarumal, Valdivia, Tarazá, Toledo y San Andrés de Cuerquia. Amalfi, en límites con Anorí, era influencia del Frente 4°.

Izquierda a derecha: Ovidio Antonio Mesa Ospina, Anderson o Carranza, excomandante del Frente 36 de las FARC; y Omar de Jesús Restrepo, Olmedo Ruiz, segundo excomandante. (Foto: cortesía El Mundo]

“A la gente se le pedía un impuesto”, me dice Anderson, mientras yo le presunto si también a los empresarios y a empresas como Colanta, a lo que añade: “en ese tiempo había una situación de guerra […] una confusión […] o de pronto hasta una mala información. Usted es el dueño de Colanta [Jenaro Pérez Gutiérrez], venga güevon hablemos. Yo tenía una virtud: yo el que mandara llamar jamás le hacía un torcido o lo secuestraba, si venía a hablar era para que habláramos. [Ellos no venían a hablar] nos mandaban era el Ejército”.  Anderson mide sus palabras al recordar, después de diecisiete años y unos meses, cómo le puso una bomba a Colanta: “[…] a nosotros Colanta nos tiró muy duro. Le pagaban al Ejército para que hiciera operaciones […] nos mandaban matar cada rato. Entonces qué hicimos nosotros: insistimos varias veces hasta que nos tocó meterle una bomba a Colanta. Nunca [se logró] negociar con ellos”.

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La primera bomba contra Colanta fue el 6 de septiembre de 2003, le hago énfasis a Anderson sobre la fecha, cuando enviaron una caneca bomba desde Angostura, a lo que él me corrige: “eso no fue de Angostura, eso fue por aquí por los lados de Campamento […] ahí se organizó la bomba”, y añade: “la fecha como tal no me acuerdo”, a lo que yo le hago precisión: 6 de septiembre de 2003.

“Cuando eso ya las bombas, por ejemplo, bombas de tiempo, se organizaban […]. Por ejemplo, no fue solamente Colanta, a otro comerciante, no me acuerdo el nombre […] que estaba Guacharaco en ese tiempo […] lo mandamos [llamar]. Le metimos una bomba primero, la teníamos bien organizadita allá [porque] son bombas que usted la revienta cuando usted quiera. [Le mandamos decir] vamos a hablar, [a lo que el tipo dijo que] no. Entonces ahí mandaron a militarizar todo. ¡Tan! Le reventamos la bomba adentro, en el comercio. Ahí sí [nos dijo el comerciante] venga hablemos. [Yo le mandé decir] venga para que hablemos”.

“A Colanta le metimos otra bomba allá”, me dice Anderson, a quien le digo que sí, que esa fue el 25 de octubre de 2003, cuando estaban en plenas elecciones del referendo convocado por el presidente Álvaro Uribe Vélez. “Yo de fechas no me acuerdo”. ¿Esa salió de Ochalí?, le pregunto a Anderson, mientras busca en su memoria, a lo que me dice con cierta duda que no, “eso fue por Cedeño”. No, sí salió de los lados de Ochalí, le replico, porque el lechero donde pusieron la bomba era los hermanos Ruiz Naranjo que siempre cubrieron esa ruta para Colanta. Él se ratifica en que la bomba salió de Cedeño, corregimiento de Yarumal, porque “en ese tiempo estaba Guacharaco por el lado de Campamento y yo estaba por el lado [no termina la frase]. Yo cogí la zona de Cedeño, El Cedro y Yarumal, en 2004 y 2005, hasta 2006, y Guacharaco cogía la zona que era Angostura, Anorí y Campamento. [Entonces] nosotros coordinábamos. La verdad la fecha exacta si no [la] sé”.

Juan Bautista Peña Serna, alias Guacharaco, tercero al mando de la Compañía de Finanzas del Frente 36 de las Farc, fue abatido el 2 de abril de 2020 en la vereda Guayabal, municipio de Toledo por hombres del Batallón Atanasio Girardot. Se ofrecía por él en ese momento una recompensa de $250 millones de pesos a quien diera información que permitiera su captura, la cual, según el comandante de la Cuarta Brigada, general Alberto José Mejía Ferrero, sería pagada. El prontuario de Guacharaco, según informes de inteligencia era amplio: “[hizo parte del Frente 36] por más de 18 años y era según las autoridades un experto en explosivos; además, era señalado como el responsable de los asesinatos de 27 civiles y 38 militares, así como de lesionar a 61 soldados, mediante la colocación de minas saltadoras y minas quiebra patas. También fue quien destruyó 19 torres de energía de Antioquia”, informó el periódico El Mundo en su edición del lunes 4 de abril de 2020.

Jaime Alberto Ruiz Naranjo condujo durante más de una década el ‘lechero’, como era llamado el camión que transportada insumos agropecuarios y alimento para bovinos -por ser una zona lechera-, hacia la vereda La Rivera, en Yarumal, cercana al corregimiento de Ochalí, en donde ocurrió la masacre de dieciséis personas el 17 de enero de 2000, y traía las cantinas de leche hacia la planta de acopio de Colanta, en el sector de La Variante, a dos kilómetros del área urbana de Yarumal.

La madrugada del 25 de octubre, a las cuatro de la mañana, como de costumbre, Jaime Alberto llegó al parqueadero La Inmaculada, desde donde salía el camión ‘lechero’ hacia la vereda La Rivera, haciendo el mismo recorrido de los últimos años, por el camino que conduce al corregimiento de Ochalí. Ese mes le tocó el turno a Jaime Alberto, mientras su hermano descansaba. Cada dos meses -según supe por un familiar- los hermanos Ruiz Naranjo se turnaban la madrugada. De ida, el camión pasó por la vereda Espíritu Santo, dejando a su paso los bultos de cuido y los encargos hechos el día anterior, y llegó con la última carga a La Rivera, donde comenzó a recoger las cantinas de leche de los campesinos asociados a Colanta. De regreso, cerca de las siete y treinta de la mañana, la muerte acechaba bañada en leche en el puente que baja del Alto del Muerto, en la vereda La Esmeralda, hasta Espíritu Santo. Allí, guerrilleros del Frente 36, pertenecientes al Bloque José María Córdova de las FARC [luego tomaría el nombre de Bloque Iván Ríos], mientras distraían a Jaime Alberto y a su ayudante, camuflaron la cantina-bomba que tenían preparada desde días antes. Esta bomba tenía una modalidad menos visible que la caneca que explotó el 6 de septiembre.

La cantina-bomba había sido robada por unos guerrilleros de una finca cercana, intimidando al finquero, por lo que el atentado estaba premeditado para ser ejecutado el 25 de octubre. Días después fue encontrada entre una maleza la cantina que fue sustraída del camión lechero y reemplazada con la cantina-bomba.

Durante más de dos horas, en el recorrido desde Espíritu Santo, pasando por las veredas San Ignacio y San Roque, hasta llegar a Mina Vieja, un barrio marginal semiurbano de Yarumal, la cantina de leche estuvo confundida entre un centenar que eran transportadas en el ´lechero’ de los Ruiz hasta la planta de Colanta. Por toda la troncal, hasta la planta de acopio de Colanta, el conductor Jaime Alberto transportó la bomba que le quitaría la vida. El camión llegó a la portería de Colanta, pasó la verificación de los guardias y de los perros antiexplosivos, que no detectaron la bomba.

De un momento a otro se escuchó una explosión en todo Yarumal. ¡Boom! El primer pensamiento que se le vino a la cabeza a los yarumaleños fue otro atentado contra el puente sobre el río Nechí.

La cantina-bomba, cargada con 30 kilos de dinamita, fue estallada dentro de las instalaciones de la planta de acopio de leche de Colanta, según informaron medios radiales, televisivos y de prensa escrita. El saldo inicial fueron seis muertos. El cuerpo de Jaime Alberto Ruiz Naranjo, conductor del camión ´lechero’, fue trasladado con heridas de gravedad a un centro hospitalario de Medellín, donde falleció cuatro días después -29 de octubre-, según informó Caracol Radio: “El deceso en Medellín del señor Jaime Alberto Ruiz Naranjo [de 44 años] aumentó a siete las víctimas fatales por el ataque terrorista del fin de semana contra la planta de la Cooperativa Colanta”. El Mundo, en su edición impresa del 29 de octubre, informó que la muerte de Jaime Alberto se “[habría dado] en el Hospital San Vicente de Paúl, de Medellín”.

El Mundo, 26 de octubre de 2003

En el restaurante La Montaña, frente a la planta de Colanta, fue encontrado un trozo de piel con el bigote de uno de los muertos, según rumores de los testigos que acudieron a los alrededores de la planta, lo cual facilitó la identificación de la víctima, quien tenía su cara desfigurada por las esquirlas que salieron desperdigadas por el estallido de la bomba. Un fotógrafo de Yarumal -de quien no revelaré su nombre por prudencia- captó con su lente un corazón expuesto sobre el pavimento, que sería de alguna de las víctimas que destrozó la bomba.

En el sitio del atentado contra Colanta hicieron presencia el gobernador (e) Eugenio Prieto Soto [quien reemplazó a Guillermo Gaviria Correa durante su cautiverio y posterior asesinado a manos de las Farc], y el Secretario de Gobierno de Antioquia, Juan Manuel Restrepo Vélez, “[quienes] recibieron un completo informe de lo sucedido allí, mientras se llevaba a cabo las elecciones del Referendo”, informó El Mundo.  El gobernador (e) Prieto Soto “repudió la cruenta acción terrorista cometida con una caneca-bomba y calificó el hecho como cobarde e indignante”, al tiempo que “[mantuvo] una oferta de $50 millones de pesos, a quien suministre informes sobre los autores del atentado terrorista”.

El Colombiano, 27 de octubre de 2003

El presidente Álvaro Uribe Vélez había triplicado la recompensa del gobernador (e), cuando ocurrió el atentado del 6 de septiembre, y ofreció $150 millones de pesos. “No podemos dejar que estos bandoleros cojan confianza para hacer terrorismo ahora antes de las elecciones. Tenemos que reaccionar con todos los bríos, capturarlos, movilizar toda la ciudadanía, que nos ayude y que ofrezcamos 150 millones de pesos de recompensa”, informó la Presidencia de la República en un comunicado de prensa. Ni las recompensas millonarias lograron disuadir a la muerte.

Producto del atentado terrorista, perpetrado por el Frente 36 de las Farc, el cual fue ordenado por el primer comandante de frente Ovidio de Jesús Mesa Ospina, Anderson o Carranza, perdieron la vida cinco operarios de la planta de acopio, el conductor del lechero y el ayudante: Nicolás Horacio Arenas Flórez, Jorge Iván Areiza Tapias, Jaime Alberto Ruiz Naranjo, Gustavo Eliécer Arroyave Arroyave, Alberto León Montoya Patiño, Jhon Jairo Muñoz Martínez y Juan Alberto Arboleda Casas. También quedaron fueron heridas trece personas, entre ellas Luis Carlos Marín y Óscar Darío Vargas, quienes fueron ingresadas al hospital San Juan de Dios de Yarumal, mientras que quienes necesitaron atención de mayor complejidad fueron remitidas a Medellín. Omar de Jesús Restrepo, Olmedo Ruiz, era el segundo comandante, y Martín Francisco Puerta Henao (3°), Argemiro o El Viejo, jefe de finanzas y quien ejecutó decenas de secuestros en Yarumal, el tercero.

Omar de Jesús Restrepo, congresista del Partido Comunes 2018-2022, y Carranza en el
ETRC de La Plancha, Anorí.

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El tercer comandante del Frente 36 de las Farc, para el momento de los atentados contra Colanta, en 2003, era Martín Francisco Puerta Henao, alias Argemiro o El Viejo, subordinado del comandante Anderson o Carranza, a quien le fueron imputados por la Fiscalía los delitos de rebelión, concierto para delinquir, tentativa de homicidio en persona protegida, homicidio en persona protegida y actos de terrorismo, entre ellos las dos bombas contra Colanta, siendo condenado el 27 de diciembre de 2006, por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia, el mismo que el 30 de julio de 2007 le decretó la acumulación de penas, por los diferentes procesos en que ya había sido condenado, y dejó como única sanción la de veintiséis años de prisión.

Durante los diecinueve años de militancia en las Farc de Argemiro¸ entre 1986 y el 14 de septiembre de 2005, cuando fue capturado en Caldas, Antioquia, luego de haber desertado del Frente 36 por problemas con Anderson, hizo presencia en Segovia, Remedios, El Bagre, Angostura, Anorí, Valdivia, Ituango, Santa Rosa de Osos, Belmira, San Pedro, Carolina del Príncipe, Guadalupe, Gómez Plata, Sopetrán, San José de la Montaña, Liborina y Yarumal, dejando un centenar de víctimas de homicidio, secuestro, tomas guerrilleras y atentados guerreristas, por lo que lo que en la justicia transicional le fueron imputados siete homicidios en persona protegida y trece de tentativa de homicidio en persona protegida, a causa de atentados terroristas cometidos en contra de la empresa Colanta, el seis (06) de septiembre y el 25 de octubre de 2003.

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Martín Francisco Puerta Henao, alias Argemiro o El Viejo, identificado en los procesos judiciales en donde ha sido proceso por rebelión y militante de las Farc con cédula de 71 081 865 expedida en Segovia, Antioquia, nació el 21 de febrero de 1965 en San Rafael, y es hijo de María Nazareth y Jacobo Puerta.

En 1986, a la edad de 20 años, ingresó como guerrillero raso a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, siendo ascendido a comandante de escuadra, comandante de compañía y al momento de ser capturado había desertado, en agosto de 2005, siendo el tercer comandante del Frente 36, que operaba en Valdivia, Ituango, Santa Rosa de Osos, Belmira, San Pedro, Carolina del Príncipe, Guadalupe, Gómez Plata, Campamento, Angostura y Yarumal al mando del temido comandante Anderson.

En el segundo gobierno de Álvaro Uribe Vélez fue aprobada por el Congreso la Ley 975 de 2005, de la cual fueron beneficiarios directos las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, enemigos a muerte de las Farc, a quienes también se ampliaron los beneficios del sometimiento a la justicia y paz. El 20 de noviembre de 2009 el capturado Argemiro aceptó que “perteneció a un grupo de guerrilla, se desmovilizó y manifestó su voluntad de abandonarlo", por lo que el 15 de diciembre se protocolizó su acogimiento a la Ley de Justicia y Paz, siendo competencia de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, quien le imputó cincuenta y dos hechos, entre secuestros, desplazamiento forzado y homicidio.

El 6 de julio de 2017 los magistrados Juan Guillermo Cárdenas Gómez, Rubén Darío Pinilla Cogollo y María Consuelo Rincón Jaramillo, de la Sala de Justicia y Paz, le concedieron la libertad condicionada a Martín Francisco Puerta Henao, quien se sometió a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), tribunal creado por el Acuerdo de Paz, y del cual pudo ser beneficiado “aun cuando no haya hecho parte del grupo subversivo FARC-EP que sostuvo diálogos con el Gobierno Nacional […] que culminaron en el Acuerdo”.

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Otro de los hechos que se le imputa a Argemiro, según fuentes militares, ocurrido días antes de desertar de las Farc, a finales de agosto de 2005, es el asesinato de trece hombres y una mujer, que fueron masacrados en una finca de la vereda La Paloma, corregimiento de Puerto Valdivia, municipio de Valdivia. El portal Rutas del Conflicto denomina estas muertes la masacre de Valdivia, ocurrida el 25 de agosto de 2005, en jurisdicción dominada por el Bloque Mineros, al mando de Ramiro Vanoy Murillo, Cuco Vanoy, de las AUC.

Las víctimas de la incursión guerrillera fueron: Flor María Gutiérrez Naranjo, Carlos Andrés Guarín, Gildardo Alonso Roldán Villa, Julio León Correa Delgado, Diego Armando Oliveros, Ubaldo José Sabaleta, Ramiro de Jesús Murillo Galeano, José Benito Duque Hincapié, Carlos Alberto Gallego, Jorge Rogelio George Jaramillo, Fabián Diomedes George, Jaime de Oseas Manco, Luis Eduardo Salgado y Merardo Jiménez. Otros seis campesinos resultaron heridos.

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El 25 de junio de 2016 fue interpuesta una demanda de acción de grupo por treinta y siete familiares de las siete víctimas mortales de la bomba contra la planta de Colanta, ocurrida el 25 de octubre de 2003, ante en el Tribunal Administrativo de Antioquia, contra el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional de Colombia, en la que le reclaman al Estado por la desprotección en que dejó a las víctimas. El pasado 11 de agosto el Tribunal falló en contra de los demandantes y decidió que “se declara probada la excepción de caducidad”. En palabras corrientes: se demoraron en demandar.

En 2021, cuando se cumplen dieciocho años de ocurridos los hechos, no hay reparación del Estado ni de las FARC. Por parte del mando de las FARC, que está sometido ante la JEP y comprometido con la verdad, de pronto habría perdón, no sin antes reconocer ante las esposas e hijos de las víctimas el hecho. Ese perdón podrían rendirlo Ovidio Antonio Mesa Ospina, reinsertado, y el congresista del Partido Comunes -dejando atrás las siglas FARC-, Omar de Jesús Restrepo, antes llamado en la guerra como Olmedo Ruiz.