Investigación | En 2018 y 2019 el PAE de Yarumal lo ejecutaron unos “bailarines y teatreros”
El Programa de Alimentación Escolar (PAE), una de las estrategias del Ministerio de Educación Nacional (MEN) y la Gobernación de Antioquia para suministrarle alimentación y refrigerios a los niños, y una de las más vigiladas por los entes de control, y por la cual han caído a la cárcel varios mandatarios, entre ellos alcaldes y gobernadores, tiene su capítulo aparte en Yarumal, en el periodo –2016/2019– del alcalde Julio Aníbal Areiza Palacio, quien según descubrió la Contraloría General de la República, le terminó entregando los recursos de la alimentación de los niños de Yarumal a unos “bailarines” y “teatreros” de una corporación artística llamada Corporación Cultural de Danza por Colombia (CDC), con NIT 811046448-6.
El Municipio de Yarumal contrató el PAE de los niños de Yarumal, en las vigencias 2018 y 2019, no por licitación pública, como lo ordena la Ley 80 de 1993 –llamado Estatuto General de Contratación–, sino mediante la figura de convenio interadministrativo, lo cual permitió que los millonarios recursos terminaran en manos de una corporación que tiene como actividad económica principal “actividades teatrales” y las “expresiones culturales […] como danza, baile, música […] y demás formas de arte”.
El beneficiario
de los millonarios convenios interadministrativos del PAE de Yarumal fue la
Asociación de Municipios del Norte Antioqueño (Amunorte), representada en el
momento de celebración de los contratos por María Elena Rojas Echavarría.
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Contratista |
No. convenio |
Valor |
Subcontratista |
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Amunorte |
CONVIN-004-2018 |
$248.681.538 |
Corporación Cultural de Danza por
Colombia |
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Amunorte |
CONVIN-006-2018 |
$142.078.589 |
Corporación Cultural de Danza por
Colombia |
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Amunorte |
CONVIN-006A-2018 |
$63.535.200 |
Corporación Cultural de Danza por
Colombia |
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Amunorte |
CONVIN-002-2019 |
$685.322.260 |
Corporación Cultural de Danza por
Colombia |
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Total |
$1.139.617.587 |
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Fuente: SECOP I
Amunorte, al no tener la logística para ejecutar los convenios interadministrativos del PAE, subcontrató con la Corporación Cultural de Danza por Colombia, la cual según halló la Contraloría que “al revisar el objeto social de la CCDC se evidencia que este no es el indicado para desarrollar el objeto del contrato […] ya que el mismo está relacionado con programas artísticos, culturales [y] recreativos”.
En 2018 el Municipio de Yarumal celebró los convenios Convin-004-2018, por valor de $248.681.538, tuvo un hallazgo fiscal de la Contraloría por un presunto detrimento patrimonial que asciende a $227.379.813; y Convin-006-2018, por valor de $142.078.589, adicionado en $63.535.200, por lo que el total del convenio con otrosí es de $205.613.789, tuvo un hallazgo fiscal de la Contraloría por un presunto detrimento patrimonial que asciende a $173.958.612.
En la ejecución del
Convin-002-2019 hay tres hallazgos gravísimos detectados por los auditores
de la Contraloría, en donde se evidencia que hubo “transporte fantasma” y se
facturó el vehículo (placa SDO505 – aparece matriculado a “persona
indeterminada”) en el que fueron transportados los alimentos. Lo cierto es que
el vehículo no se usó sino para cobrar.
El detrimento patrimonial, calculado por la Gerencia Departamental Colegiada de la Contraloría General de la República, asciende a la suma de mil cincuenta y cuatro millones seiscientos cinco mil novecientos doce pesos ($1.054.605.912) en los convenios Convin-004-2018, Convin-006-2018 y Convin-002-2019, celebrados entre el Municipio de Yarumal y la Asociación de Municipios del Norte Antioqueño, la cual subcontrató con la Corporación Cultural de Danza por Colombia.
Estas denuncias ante la Contraloría General de Antioquia, que le dio trámite a la Contraloría General de la República, que comisionó a la Gerencia Departamental Colegiada para adelantar la investigación, fueron interpuestas por Jorge Humberto Lopera, quien también denunció ante la Fiscalía.
Estos convenios también están en la lupa de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Fiscalía General de la Nación, la cual en los próximos días podría proferir una decisión de imputarle cargos al exalcalde Julio Aníbal Areiza Palacio, la exsecretaria Yaneth Liliana Arango Arango, la exgerente María Elena Rojas Chavarría y la representante legal Mónica María David Valencia.
Estos
hallazgos fiscales de suman al proceso de responsabilidad fiscal que enfrenta
el exalcalde por el convenio celebrado con Amunorte para la formulación del
Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT); y las licencias de construcción
que estuvieron mal liquidadas durante el periodo 2016-2019 y que se calcula un
detrimento aproximado de $158.021.243.
