Investigación | El contrato que podría costarle la curul al concejal Carlos Guillermo Atehortúa Quiceno

El exalcalde de Yarumal (2008-2011), Carlos Guillermo Atehortúa Quiceno, Ingeniero Civil de profesión, quien ha sido candidato a la alcaldía en 2003, 2015 y 2019, es decir, tres quemadas, obtuvo la segunda votación en octubre de 2019, siendo superado por Miguel Ángel Peláez Henao, del Partido Conservador, por lo que con el Estatuto de la Oposición tenía la posibilidad de escoger si se posesionaba o desechaba una curul en el Concejo. El ingeniero Atehortúa Quiceno, convencido por el exalcalde (2016-2019) Julio Aníbal Areiza Palacio, aceptó posesionarse como concejal del Centro Democrático para el periodo 2020-2023.

El concejal Atehortúa Quiceno, según una fuente consultada, ha celebrado contratos por interpuesta persona en el municipio de Valdivia, haciéndole el quite a la ley y cometiendo un acto de corrupción, cometió una imprudencia en octubre de 2020 que le puede costar la curul de concejal y, por ende, la muerte política, al ser una de las causales de la pérdida de investidura.

El Municipio de Valdivia, a través de la Secretaría de Planeación e Infraestructura, convocó el proceso contractual de mínima cuantía MC-048-2020, el cual tenía el siguiente objeto: “suministro de material granular para la adecuación, mantenimiento y mejoramiento de la red vial terciaria en el Municipio de Valdivia, Antioquia” y un valor de $24.000.000. El concejal Atehortúa Quiceno, desde hace más de una década, es socio de una cantera en el corregimiento de Puerto Valdivia, en Valdivia, por lo que ese contrato, al igual que los celebrados entre 2016 y 2019, le caía como anillo al dedo.

El 14 de octubre de 2020 se cerró en proceso MC-048-2020, siendo publicada el Acta de Cierre con una única propuesta: la presentada por Carlos Guillermo Atehortúa Quiceno como persona natural. Al ser el único oferente, y cumplir con todos los documentos y requisitos requeridos en la invitación pública, le fue adjudicado el contrato al concejal Atehortúa Quiceno, mediante documento firmado el 19 de octubre por la alcaldesa de Valdivia (periodo 2020-2023), Olga Cecilia Arroyave Molina.

El contrato fue ejecutado por el ingeniero-concejal entre el 19 de octubre y el 31 de diciembre de 2020. El 19 de noviembre se realizó la supervisión final de cumplimiento del contrato. Y el 27 de noviembre, al agotarse la cuantía de $24.000.000 definida para el contrato, fue liquidado el contrato mediante Acta de Terminación firmada por el Secretario de Planeación e Infraestructura, Alejandro Ortiz Londoño, y el contratista Atehortúa Quiceno.

El exalcalde Carlos Guillermo Atehortúa Quiceno se posesionó el 2 de enero de 2020 como concejal de Yarumal, por lo que en el momento de celebrar el contrato de mínima cuantía con el Municipio de Valdivia, en octubre de 2020, era concejal, por lo que incurrió en la violación de literal f) del numeral 1° del Artículo 8° de la Ley 80 de 1993: “Son inhábiles para participar en licitaciones y para celebrar contratos con las entidades estatales: [..] f) Los servidores públicos”. Además, el Artículo 127 de la Constitución establece: “los servidores públicos no podrán celebrar, por sí o por interpuesta persona, o en representación de otro, contrato alguno con entidades públicas o con personas privadas que manejen o administren recursos públicos, salvo las excepciones legales”.

El Artículo 19 de la Ley 4ª de 1992 dice: “Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado”.

El concejal Atehortúa Quiceno, al incurrir en la violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades definidas en la Ley 136 de 1994, Ley 617 de 2000 y La Ley 80 de 1993, debe ser objeto de una demanda de pérdida de investidura ante el Tribunal Administrativo de Antioquia -en primera instancia- y el Consejo de Estado, además de ser denunciado en la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de Antioquia.