A la cárcel por opinar o investigar

Al ver el reportaje emitido por Noticias Uno, en la sección ¡Qué tal esto!, en donde se contaba (y también denunciaba) la historia del periodista Juan Esteban Mejía, no pude evitar pensar en mí y en las situaciones que he enfrentado al opinar o investigar, denunciando a los corruptos y políticos con nexos con mafias y redes criminales. Y eso que él trabajaba para la revista Semana como corresponsal en Medellín. ¡Qué diremos nosotros!

Cada vez que opinamos o publicamos una investigación o una información que levanta ampolla, nos arriesgamos a ser citados por la Fiscalía General de la Nación, encargada de investigar delitos tipificados dentro del Código Penal, en donde se encuentra la injuria y la calumnia, dos palabras que los políticos tiene dentro de su imaginario, casi siempre, para responder a cualquier cuestionamiento o denuncia. En vez de responder por lo que se denuncia o mostrar las pruebas, siempre atinan a decir: “retráctese o lo va a tener que demostrar ante un juez”. ¿En dónde está la libertad de expresión? ¿Dónde queda la opinión?

La denuncia del periodista Juan Esteban Mejía sobre un médico, que tiene dentro de su prontuario la muerte de varias mujeres que murieron después de cirugías estéticas, lo tienen inmerso dentro de un proceso judicial por injuria, ni siquiera por calumnia, por denunciar al médico Carlos Ramos Corena, por lo que las pruebas son reales. Lo que reclama el “médico” es que digan que él no tiene licencia para operar y dejar como barbies a las mujeres que se arriesgan a que las lleve al quirófano. ¡Qué tal el descaro!

Mayor vergüenza me produce la Fiscalía, que en vez de investigar a los corruptos por lavado de activos, inversiones en paraísos fiscales como Panamá, defraudación de entidades públicas, paramilitarismo o delitos contra la administración pública, se dedique a perseguir periodistas y columnistas de opinión. Ahora nosotros pasamos de ser denunciantes a ser imputados.

¿Así quién denuncia?

Son muchos los casos de corrupción o situaciones anómalas en donde se encuentran involucrados políticos o funcionarios públicos, los cuales son puestos en conocimiento por ciudadanos “preocupados” que no son capaces de denunciar, por físico miedo o porque prefieren no involucrarse en eso. Simplemente pasan el dato. Ahí es donde comienza el olfato del investigador. ¿A qué costo? El costo siempre será una llamada, un anónimo, un seguimiento clandestino o un atentado.

Lo más fácil, casi siempre, es una denuncia por injuria y calumnia, de las cuales se procede a una audiencia de conciliación en donde uno se encuentra con el ‘denunciado’ frente a frente, con mediación de la fiscal. Ahí es donde le prueban a uno el aceite. ¿Qué responder ante la pregunta de si se concilia o se retracta? No, señor fiscal, me reafirmo en lo dicho. Aquí están las pruebas. ¿Qué procede? El archivo, creería uno de acuerdo al Código de Procedimiento Penal, pero no es así. Los fiscales, pese a las pruebas, se obstinan en creerle al querellante, sobre quien pesan los cuestionamientos. ¿Hay garantías para denunciar? No.

El caso del periodista Mejía es apenas uno de los tantos que se ven en el país, en donde el sistema judicial está colapsado por denuncias de alcaldes, gobernadores, políticos rasos, funcionarios públicos que se ven afectados en su “honra” y “buen nombre”, mientras disfrutan de la defraudación al erario público. Ellos reclaman honorabilidad mientras se broncean en Miami o en San Andrés.

Mientras tanto nosotros somos perseguidos por quienes deberían actuar con celeridad en las denuncias penales, fiscales o disciplinarias. No. Los políticos siempre tienen un amigo en los entes de control para que les ayuden con el archivo o suspensión indefinida del proceso, dando a cambio la untada o el almuerzo. O el ascenso, como en muchos casos. ¡Y hablan de honorabilidad!

Es urgente que el Congreso de la República sea presionado por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), la Federación Colombiana de Periodistas (Fecolper) y el Círculo de Periodistas de Antioquia (CIPA), para que se regule dentro del Código Penal el tema de la injuria y la calumnia. El buen nombre y la honra son una cosa; la corrupción y las turbiedades de los políticos son otras.

Al paso que vamos no serán los corruptos y vivarachos quienes sean condenados, sino quienes nos atrevamos a denunciarlos. Total apoyo al periodista Juan Esteban Mejía.

Nota al margen: mañana jueves, 18 de junio, a las 9:00 a. m., frente el Palacio de Justicia ‘José Félix de Restrepo, en La Alpujarra, se llevará a cabo un plantón de apoyo a Juan Esteban Mejía y rechazo a las actuaciones de la Fiscalía y de la juez del caso. #FuerzaJuan es con lo que reclamamos en las redes sociales.

[Publicado el 17 de junio de 2015 en www.bajolamanga.co]