JURISTAS Y TINTERILLOS
Las discusiones, conjeturas, suposiciones y tesis acomodadas en
torno al fallo pro tempore emitido
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en cuanto a la destitución e
inhabilidad, por parte de la Procuraduría, del alcalde Gustavo Petro, ha
revivido el mote que en la profesión de abogacía se conoce como tinterillos, que son personas que no son
abogados ni estudiantes de Derecho, pero tienen conocimientos amplios en
diferentes campos, exponiendo tesis que, así suenen descabelladas, resultan ser
ciertas. Al final, entre tanto salvamento de voto emitido por los magistrados
en las sentencias de la Corte Constitucional, queda una letra menuda que nadie
lee. De esa es que ellos echan mano para sus argucias jurídicas.
Quiénes tienen la razón. ¿El Procurador con sus tesis de derecho
disciplinario improvisadas y confeccionadas para el caso Petro? ¿El Fiscal
General, que arguye la obligación de respetar el bloque de constitucionalidad
instituido por la Convención Interamericana de Derechos Humanos y la
Constitución de 1991, por lo que la Ley 734 de 2002 (Código Disciplinario
Único) está en menor jerarquía? ¿Los Exprocuradores que opinan que el fallo pro tempore es un saludo a la bandera
porque no tiene aplicación?
¿Estratagemas jurídicas? Vaya uno a saber.
Colombia se asemeja a un país de tinterillos, por eso avanzamos
cada día más a la cacocracia de las altas cortes.
Aquí se legisla de manera exprés por parte de los Congresistas,
quienes tienen una solución para la corrupción, reducirle facultades a la
Procuraduría, multar y sancionar a los conductores borrachos… entre otros
problemas. Es la tarea de los tinterillos, que de la misma manera como buscan
soluciones, se ingenian tácticas para defraudar las arcas del Estado.
Somos un país de momento. Improvisamos en el día a día para
ajustar la constitución a la medida de nuestra conveniencia.
¿Dónde están los juristas? En la academia. Los magistrados de las
altas cortes, muchos de ellos probos y preparados, comparten plenarias con
tinterillos de dudosa procedencia, que buscan la manera de beneficiar a sus
padrinos políticos y electores (congresistas) para pagar el favor, enlodando el
buen nombre de su corporación. El caso más sonado es el del magistrado Alberto
Ríos, de quien se esfumó el escándalo, y los magistrados que se han visto
envueltos en el carrusel de las pensiones.
Los juristas y estudiosos del Derecho no están metidos en la
política ni en el Congreso, sino en las facultades, desde donde asumen una posición
de críticos del sistema y veedores de las reformas constitucionales, las mismas
que han demandado ante la Corte Constitucional por improcedentes.
Basta recordar a los constitucionalistas Bernardita Pérez
Restrepo, profesora de la Universidad de Antioquia, Rodrigo Uprimmy Yepes,
director de DeJusticia y columnista de El Espectador, y Rodolfo Arango, profesor
de la Universidad de los Andes y excolumnista de El Espectador, quienes han
estudiado con discernimiento la utilidad y la protección de la tutela como
mecanismo de preservación de los derechos de los ciudadanos.
Como lo expresa Uprimmy al hablar de la intransigencia de Ordóñez
contra Petro: “el procurador, como no es juez, no debe poder destituir a un funcionario
electo, pues eso es antidemocrático y viola el artículo 23 de la [Convención
Americana]”.
Mientras los juristas desde la academia,
preservan y custodian la Constitución, en los entes de control y en las cortes
abundan los tinterillos.
Mientras improvisamos, se nos desmorona el Estado
democrático.
