No chatarricen, hagámosle un monumento a los corruptos
Sorpresa. Indignación. Impotencia. No sé
cómo más podríamos explicar la reacción que causa el Proyecto de Acuerdo 005 (16
de febrero de 2017), en donde se le pide al Concejo de Yarumal que autorice “al alcalde municipal para enajenar a título de venta los bienes muebles
mecánicos que hacen parte del parque Rubén Piedrahita Arango y que por su mal
estado ya no prestan algún servicio al municipio de Yarumal”. Así o más indignante.
¿El Concejo de Yarumal piensa desaparecer el cuerpo
del delito? Las atracciones mecánicas son lo único que queda del parque
recreativo Rubén Piedrahita Arango, en donde el exalcalde 2004-2007, Rodrigo
Jaramillo Villegas, dilapidó $2.743.000.000 en una obra que hoy no es ni
siquiera un elefante blanco, porque no alcanzó a terminarse ni a inaugurarse.
Como lo escribí en una columna de EL ESPECTADOR en agosto de 2014: “Yarumal
es como Macondo, donde pasa de todo y nadie chista. Los cuentos que se han
tejido en torno a la política no son ficción, sino realidad.
El 28 de
febrero de 2006, un alcalde liberal, con aprobación de diez concejales que
conformaban su coalición, logró la aprobación para vender los activos de
energía por un valor simbólico (porque no hubo estudios previos) de $10.025
millones de pesos a Empresas Públicas de Medellín. Pese a la discusión de
sectores sociales y de veedores, que veíamos inconveniente dicha venta, se
cerró el negocio.
Uno de
los concejales de dicha época y que aún continúa en el Concejo es Óscar Antonio
Zapata Restrepo, del Partido Liberal, quien dio su voto para vender a EPY y
luego avaló la construcción del parque recreativo. Y nunca ha dicho nada. ¿No le
dará vergüenza al concejal Zapata ver que él fue cómplice del detrimento más
visible de nuestro pueblo?
En enero
de 2008, la administración entrante, del ingeniero Carlos Guillermo Atehortúa
Quiceno, liquidó el contrato de la construcción del parque recreativo por
fallas en los diseños y la desfinanciación del proyecto. La Contraloría General
de Antioquia entró a revisar el tema. Mientras tanto, el alcalde, para evitar
que se robaran el hierro de las atracciones mecánicas, lo guardó en una bodega.
En una acción de salvaguarda del patrimonio público fue ubicado el Batallón
Girardot en dichas instalaciones, para cuidar lo que quedaba.
Corría
noviembre de 2013 cuando la Contraloría General de Antioquia reabrió la
investigación fiscal, por detrimento patrimonial, causado por la construcción
del parque recreativo que está en ruinas, en la cual se incluyeron al alcalde
que inició la construcción (Jaramillo Villegas) y al que liquidó el contrato
(Atehortúa Quiceno). Al final la Contraloría absolvió a los exalcalde y a los
contratistas en AUTO del 10 de diciembre de 2013.
Ahora el
alcalde Julio Aníbal Areiza, a quien le correspondió ejecutar el fallo de la
Acción Popular promovida por Diego Pérez, tratando de solucionar en algo lo
pedido por los jueces, le pide al Concejo le autoricen enajenar los elementos
mecánicos u obsoletos. ¿Por qué mejor no le hacen un monumento a la corrupción
con esos hierros? Bien cabrían en dicho panteón los prohombres Rodrigo
Jaramillo Villegas, Carlos Alfonso Orrego Castro, Sáen Agudelo Márquez, Ramón
Hernando Zapata Rodríguez y los demás áulicos de Orrego Castro. Ellos han sido
los saqueadores de los recursos públicos de Yarumal. ¿Y los entes de control?
Inexistentes. ¿Y los medios de comunicación local? Untados con los contratos
que los mantienen callados.
El
concejal Óscar Zapata debe declararse impedido para discutir y votar dicho
proyecto de acuerdo que busca lavar la corrupción del parque recreativo. Los 12
concejales, 9 de la coalición (contando a Ángel Emilio Graciano) y 3 de la
oposición (Vélez, Suárez y Lopera) deberían objetar dicho acuerdo. ¿Saben estos
concejales si aún hay investigaciones penales o disciplinarias por la
corrupción del parque? No saben. Y así piensan votar dicho acuerdo.
Una vez
más pido que no se chatarricen las ruinas del parque, háganle un monumento al
exalcalde Jaramillo Villegas.