La corrupción que enreda al Secretario de Tránsito de Yarumal


La sesión del Concejo de Yarumal del día de ayer (9 de febrero de 2017) fue el escenario en donde el Secretario de Tránsito y Transporte, Juan Fernando Vélez Palacio, presentó el informe de gestión para el 2016 de su dependencia. Las cifras tan alentadoras, producto del incremento del número de guardas de tránsito (de 3 a 9), no fue suficiente para calmar el ambiente tenso que se vivía en el recinto ante la expectativa de las denuncias de corrupción que haría un concejal, de quien me referí en otra nota.

Marleny Lopera Herrera, de la Alianza Verde, dio puntadas en cuanto a los presuntos hechos de corrupción que rodean al secretario de tránsito y al traslado interno de una funcionaria que lleva 28 años laborando en el municipio de Yarumal. Por su parte, Cristina Suárez Salazar, del Centro Democrático, se refirió a los estudios sobre los Puntos de Parqueo Regulado, el Plan de Movilidad y al número de nuevos vehículos matriculados.




El ambiente se tornó más tenso cuando el concejal Virgilio Orlando Vélez Aristizábal, del Partido Conservador, tomó la palabra e inició su intervención de manera seria y desglosando unas denuncias que quedaron en el ambiente:

1- Choque de Renault 9 con una vehículo tipo buseta de una reconocida empresa, conducida por un ciudadano yarumaleño con grado de alcoholemia alto. ¿Qué pasó con éste caso? Hay muchos interrogantes, yo puedo hacer 10 a renglón seguido.

2- ¿Qué pasó con un conductor de Angostura conduciendo una buseta de servicio público con estado de alicoramiento alto y afiliada a una prestigiosa empresa local? ¿Quién intervino en el caso para no corresponder a la sanción?

3- ¿Qué pasó con los historiales de los vehículos que en su gran mayoría se envían por medio de una prestigiosa empresa a nombre del usuario y luego se cobra a través de giro a nombre de empleados del tránsito y cuyo valor parecer oscilar entre $40 y $50 mil pesos? Pero hay más: aparentan algunos como pagos en la Tesorería municipal y otros en las oficinas del tránsito. Explico: mandan unos para despistar el enemigo y los otros los cobran en la oficina del tránsito. Tengo pruebas.

4- Los formularios de RUNT y compraventa de vehículos cuestan $1000 pesitos comprándolos al por mayor, óigase bien…venden a $10.000 pesos el parcito… ¿Quién coloca la inversión inicial y por qué el tránsito, para éste pequeño negocio, lo usan como trampolín?

5- No me concuerdan dichas transacciones, que también puedo soportar, de arreglo de la mayoría de comparendos con la Tesorería del municipio. Verbigracia algunos que poseo en este momento y para ilustrar debería mostrarlos y que queden en manos de quien deba investigar.

6- ¿Por qué se envían trámites de vehículos y no pocos, a otras partes, y desde allí se origina un giro a nombre supuestamente de un funcionario de su oficina y nunca se sabe cómo entran a las arcas del tránsito y a la tesorería? La gran mayoría poseedores y tramitadores de vehículos saben a qué me refiero. Y esa gente está dispuesta a dar la cara y responder por ello.

7- ¿Qué pasó con el software Quiplux los días 17 y 18 de enero de 2017, se perdió la información, por qué si en este programa de carga toda la información de comparendos, pagos, acuerdos de pago, la información sobre el SIMIT, los fallos contravencionales? ¿Por qué el 17 se trabaja en el programa y el 18 no aparece nada? Argumentan que el sistema está caído. ¿Y entonces la información? Venga dentro de 8 días.

Se argumenta además que no hay copias de seguridad. Hay muchas preguntas que resultan de estos cuestionamientos y usted señor secretario de tránsito es quien debe resolverlas, presumiendo su inocencia.

8- ¿Por qué se cae el sistema?

9- ¿Por qué no hay copias de seguridad? Menos mal que ya había dicho que las redes del tránsito la habían cambiado el año pasado (2016).

10- ¿En manos de quién está esa responsabilidad, se puede manipular la información de acuerdo a las manías del funcionario de turno?

11- ¿Por qué hay tantos documentos bolsilleros y sin ningún control de dinero que no se registran, dónde van a parar eso dineros, por qué se manejan cuentas personales por servicios prestados por el tránsito y no concuerdan los ingresos con las consignaciones de la tesorería municipal?

12- ¿Esas platicas están destinadas a cubrir otros gastos y nosotros nos sabemos, estos gasticos están permitidos por nuestra legislación, será que con ellos podemos comprar desayunitos, empanaditas y mecaticos?

Las denuncias, cada una de ellas sustentadas en documentos que mantuvo en su escritorio y que serán entregadas a los entes de control, como son la Personería Municipal, la Fiscalía General de la Nación y la Contraloría General de Antioquia, no fueron respondidas por el Secretario de Tránsito, quien dejó constancia que hará los descargos cuando sea notificado de las investigaciones: “no me sentí en una rendición de cuentas sino en una acusación”, atinó a decir Juan Fernando Vélez.

Cada punto al cual se refirió el concejal Virgilio Vélez coincide con mi publicación ¿CORRUPCIÓN Y ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN EL TRÁNSITO DE YARUMAL?, en donde denuncié lo que pasaba en la Secretaría de Tránsito de Yarumal: El delito de cohecho es muy grave si se lee desde la definición: delito que comete un servidor público al recibir o solicitar una dádiva, utilidad o acepte promesa remuneratoria, de forma directa o indirecta a cambio de realizar u omitir un acto relacionado a su cargo”. Le cae el dedillo al abogado Vélez Palacio.

Ahora será la Personería de Yarumal quien deberá investigar con celeridad cada una de las acusaciones y revisar las pruebas aportadas por el concejal Vélez Aristizábal, así como de la Fiscalía, quien deberá determinar qué delitos cometieron quienes desviaron recursos públicos hacia cuentas personales. Por lo pronto, y así lo manifiestan muchos ciudadanos, el secretario Juan Fernando Vélez Palacio debería renunciar a su cargo para facilitar la investigación y no interferir. O mejor, el alcalde Julio Areiza debería declararlo insubsistente. Yarumal es el reflejo del país cuando hay un funcionario público cuestionado por corrupción: nadie renuncia. 

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