Demanda Minminas vs. Municipio de Yarumal: ¿quiénes son los responsables?


El 1º de enero de 1998 se posesionó como alcalde de Yarumal por el Partido Conservador, Gustavo Giraldo Giraldo, quien tuvo como eslogan para su periodo 1998-2001: “Gestión y Desarrollo con Sentido Común”. Entre los grandes nombramientos que hizo estuvo el de Luis Alfonso Buriticá Agudelo como gerente de Empresas Públicas de Yarumal E.S.P., que en su momento manejaba la triple A (Acueducto-Alcantarillado-Aseo) y Energía, comprando energía en bloque y vendiéndosela a los usuarios.

Este maravilloso gerente de EPY tuvo la fortuna de recibir por parte del Ministerio de Minas y Energía unos subsidios de más, es decir, adicional a los subsidios transferidos por el gobierno para aliviarle a los estratos 1 y 2 los servicios públicos le dieron otra plata. Esas contribuciones, de acuerdo a la ley y aplicando el “sentido común” del alcalde Giraldo, debían ser devueltos. Pero no fue así. El gerente Buriticá Agudelo aprovechó ese superávit de recursos para invertir en el patrocinio de equipos de ciclismo, de fútbol y otros menesteres.

Guillermo Peláez reemplaza a Buriticá
El 31 de diciembre, luego de varias presiones del sindicato de EPY, entre ellos de Jaime Pulgarín Henao, se dio la renuncia del gerente Buriticá Agudelo, siendo nombrado como Secretario de Tránsito y Transporte, por lo que en su reemplazo fue posesionado Guillermo León Peláez Henao hasta diciembre del año 2000.

Siendo un error del anterior gerente que, pese a saber que le estaba girando de más, no dijo nada al Ministerio, indujo a error al nuevo gerente quien continuó recibiendo más subsidios de más que terminaron en inversiones para la empresa, entre las cuales se cuentan dos carros Toyota (un carro de representación y un estacado).

Según cálculos de la época Alfonso Buriticá Agudelo se gastó $280 millones de pesos y el Guillermo León Peláez Henao aproximadamente $1.900 millones, los cuales eran subsidios que debían ser transferidos a varias empresas del departamento del Chocó, a la Empresa de Energía de Antioquia (EADE) y a Empresa Públicas de Medellín (EPM).

Ministerio reclama subsidios
Los $2.180 millones de pesos de más girados por el Ministerio de Minas y Energía comenzaron a ser reclamados a los gerentes de Empresas Públicas de Yarumal, entre ellos a Pedro Pineda, quienes dejaron ese caso en manos de los abogados asesores.

El Ministerio no estaba dispuesto a perder dicho dinero ni EPY a pagarlo, por lo que se inició un proceso judicial ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca a través del abogado Saúl Benítez Urrego, apoderado de EPY.

Venta de Empresas Públicas de Yarumal
El 28 de febrero de 2006 será recordado como la fecha en que se le dio cristiana sepultura a Empresas Públicas de Yarumal, con lo cual el alcalde de turno Rodrigo Jaramillo Villegas tuvo vía libre para vender los activos de energía al mejor postor, es decir, a Empresas Públicas de Medellín (EPM), quien fue el único oferente y asesoró todo el proceso de valoración de los activos, licitación y firma de la venta. Al final pagaron por dicho negocio $10.025 millones de pesos.



Los concejales que feriaron EPY
Los 10 concejales de la coalición de gobierno que aprobaron dicha venta fueron: Javier de Jesús Orrego Arango (su hijo es director de bienestar social), Diana Cristina Henao Rodríguez (empleada del hospital), John Edison Salazar Roldán (gerente Aguas del Norte), Saen de Jesús Agudelo Márquez (administrador del hospital), Luis Alfonso Buriticá Agudelo (exgerente de Aguas), Carlos Iván Buitrago Cuartas (asesor actual alcalde), Héctor Alfonso Corres Yepes, Diego Roldán Jaramillo (excandidato a la alcaldía), Davier Ocaris Yepes y Óscar Antonio Zapata Restrepo (actual concejal 2016-2019).


La fiducia de $2.000 millones
Para garantizar el pago de la demanda del Ministerio de Minas y Energía el alcalde Jaramillo Villegas, de los $10.025 millones de venta de la energía, destinó $2.000 millones de pesos para ser puestos en una cuenta (mal llamada fiducia) en el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA), como quedó aprobado en el Acuerdo 007 del 23 de marzo de 2007.

Hago la claridad de que no fue una fiducia, sino una cuenta abierta, dado que si los $2.000 millones estaban destinados a pagar la demanda de Minminas, solamente se debía hacer uso en el momento de conocerse el fallo del Consejo de Estado.

EPY en la quiebra
El 1º de enero de 2008 el recién posesionado alcalde para el periodo 2008-2011, Carlos Guillermo Atehortúa Quiceno, quien gerenció a EPY entre 1992-1994, nombró a María Eugenia Taborda Carmona como gerente liquidadora de una empresa de servicios públicos que quedó en cuidados intensivos luego de la venta de los activos de energía. En ese mismo año, en diciembre, le tocó al alcalde afrontar la huelga de hambre de 12 trabajadores del sindicato que reclamaban un justo pago por sus años de trabajo. La decisión más práctica fue liquidar la empresa y crear una nueva: Aguas del Norte Antioqueño S.A. E.S.P.


Encartados con $2.000 millones
El alcalde Atehortúa Quiceno y el Concejo 2008-2011, viendo guardados $2.000 millones de pesos, unas cuentas con saldo en rojo de la administración anterior y viendo cómo cumplir con las promesas de campaña, apoyaron el concepto jurídico del abogado Saúl Benítez Urrego, quien venía asesorando a EPY a través de la empresa ACINSA (Asesorías y Consultorías Internacionales S.A.), siendo esta quien hizo los estudios de valoración de los activos de energía para EPM.


El concepto del abogado Benítez Urrego ante el Comité de Conciliación del Municipio de Yarumal fue que “no existen razones válidas para mantener la provisión de dos mil millones de pesos (2’000.000.000), dentro del presupuesto actual del Municipio con esta destinación…”. Siendo además dicho abogado el apodera en el proceso ordinario de EPY contra el Ministerio de Minas.


9 concejales terminaron de hundir al municipio
Siendo presidente del Concejo de Yarumal, Hubeimar Iván Bustamente Torres, en el año 2008, los concejales autorizaron al alcalde Carlos Guillermo para gastarse los $2.000 millones sin prever el lío que se le venía a Yarumal con el fallo del Consejo de Estado. Entre los concejales que aprobaron dicho acuerdo se encuentra el actual alcalde de Yarumal, Julio Aníbal Areiza Palacio, quien militaba en el Partido de la U y era la coalición de gobierno del entonces alcalde.

Los nueve (9) concejales que aprobaron gastarse la plata para responder la demanda fueron: Hubeimar Iván Bustamente Torres, Javier de Jesús Orrego Arango, Javier Aníbal Areiza Londoño, José María Rojas Rojas, Virgilio Orlando Vélez Aristizábal, Walter Albeiro Gómez Gil, Elkin David Estrada Cuartas, Carlos Iván Buitrago Cuartas y Julio Aníbal Areiza Palacio. Son actuales concejales Vélez Aristizábal y Estrada Cuartas.


Consejo de Estado condena al Municipio de Yarumal
En ninguna instancia judicial los magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y del Consejo de Estado le dieron la razón a Empresas de Yarumal ni al abogado Saúl Benítez Urrego, por lo que condenaron el Municipio de Yarumal, responsable luego de la liquidación de EPY, a pagar una cuantiosa deuda.

En fallo del 1º de marzo de 2012 el magistrado Hugo Fernando Basticas Bárcenas, de la Sección Cuartas del Consejo de Estado, dijo:

(…)
RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. Declarar que EMPRESAS PÚBLICAS DE YARUMAL ESP debe al Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos-Ministerio de Minas y Energía, la suma de cuatro mil ciento veintitrés millones trescientos treinta y dos mil ochocientos cuarenta y tres pesos ($4.123.332.843) M/Cte., correspondientes a capital, rendimientos e intereses de mora calculados a 15 de febrero de 2005, por concepto de superávit generado desde el año 1998 a 2004.

Como puede verse en el fallo se causaron intereses en 6 años, sumado al capital, por valor de $4.123 millones de pesos, por lo que a la fecha del fallo (1º de marzo de 2012) la deuda estaba incrementada.


La defensa jurídica del alcalde Miguel Peláez
Al alcalde que le tocó el ‘chicharrón’ del fallo del Consejo de Estado contra el Municipio de Yarumal fue a Miguel Ángel Pelaéz Henao, posesionado el 8 de junio de 2012, tres meses después del fallo, quien le dio poder al abogado Héctor Jaime Moreno para que representara el municipio e hiciera la defensa judicial a fin de buscar salidas jurídicas al pleito, agotando todas las instancias, entre ellas pedir la reliquidación de los intereses moratorios, que superaban al capital inicial calculado en $2.180 millones.

Luego de solicitar la revisión de los intereses, haciendo uso del recurso de reposición, el Consejo de Estado determinó que estaban ajustados dado el tiempo de mora: 17 años, por lo que en diciembre de 2015, antes de salir de la alcaldía, Peláez Henao debió notificarse de la resolución de dicho recurso.

A Julio Areiza le tocará pagar
Agostados todos los recursos jurídicos por parte del abogado Héctor Jaime Moreno y del alcalde Miguel Peláez la deuda de $15.000.000.000 millones, con capital e intereses, le corresponderá asumirla al alcalde Julio Aníbal Areiza Palacio quien, en 2008, siendo concejal, aprobó por Acuerdo gastarse $2.000 millones con los cuales se pudo haber pagado el capital adeudado.

Ahora la decisión y la búsqueda de acuerdos de pago con el Ministerio de Minas recae el alcalde Areiza Palacio y el Concejo de Yarumal 2016-2019. Todo está consumado.

Entradas populares de este blog

Conrado López Ceballos, «Mi General», un ladrón olvidado

[Listado] Estas son las 633 -no eran 533- víctimas de Los Doce Apóstoles entre 1990-1998

Los “negocios” del cuñado de la directora de Pasaportes con el Hospital Marco Fidel Suárez (Bello - Antioquia)