EN YARUMAL: LA ESPECULACIÓN INMOBILIARIA DA VOTOS

El martes pasado (12/05/2015) en el programa Despierta Antioquia el ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, expuso una denuncia que me llamó la atención por ser el fiel reflejo de un fenómeno que se está presentando en Yarumal: "Me da tristeza ver que en Antioquia hay avivatos como Ángela María Cano o de peor calaña que engañan con los proyectos de vivienda"(sic).

El caso de la diputada de Antioquia, Ángela María Cano Vargas, es uno de los más graves, por utilizar los sueños de centenares de familias de Itagüí y San Antonio de Prado, quienes soñaban con una vivienda propia, para capitalizar su proyecto político y hacerse elegir al Concejo de Itagüí y luego a la Asamblea. Para eso creó una empresa: Corvidas, “esa entidad les cobró 830.000 pesos a cada familia y a la junta del futuro proyecto, la suma de 2.532.000 pesos mensuales”. A finales de diciembre fue capturada por presunta estafa y puesta a disposición de la Fiscalía. Un juez le ordenó medida de aseguramiento con prisión domiciliaria.

En Yarumal, como si fuera un molde prestado por la diputada Cano Vargas, se está generando un fenómeno de especulación inmobiliaria, coordinado por el político Edilberto Posada Restrepo, quien aspira a ser Alcalde de Yarumal, por el Partido de la U, apadrinado por los congresistas Mauricio Lizcano y Juan Felipe Lemos Uribe, sobrino del senador Mario Uribe Escobar, condenado por parapolítica, además del exdiputado Jorge Alberto Hernández Quiñónez, capturado por los presuntos delitos cuando se desempeñó como secretario en el gobierno de Luis Alfredo Ramos. Rodeado de buenos muchachos.

Para desarrollar los proyectos de viviendas, como estrategia para captar votos, se crearon tres juntas populares de vivienda: “Prados del Norte” (208 apartamentos), “Los Alcázares” (70) y “Andrés Amariles” (120). En total 398 apartamentos. Cada uno de los proyectos cuenta con el lote, en el cual se ha removido tierra, pero dos años después no se ha puesto el primer ladrillo. Cada asociado dio una cuota que oscila entre los $3,5 y 4 millones de pesos (consignación), recaudando en total en una cuenta del Banco Agrario $1.548.000.000. Estos recaudos, como dicta la Resolución 044 de 1990 de la Superintendencia de Sociedades, no fueron autorizados por la Secretaría de Planeación, de la Alcaldía de Yarumal (ver negativa).

Si el mismo Secretario de Planeación certificó que “no es posible que se otorgue permiso alguno para la realización de captación anticipada de recursos”, entonces, ¿cómo continúan funcionando estas juntas? Aquí debería intervenir la Superintendencia de Sociedades para que se despejan las dudas y se verifique la seriedad del proyecto.

En agosto de 2013 el actual candidato a la alcaldía, Edilberto Posada Restrepo, se hizo acompañar al recinto del Concejo de Yarumal, en donde fue invitado por los voceros de la comunidad, para que explicara su proyecto. Sorpresivamente uno de sus acompañantes resultó ser Miltón Téllez, un abogado que aparece involucrado en la estafa de unos proyectos de vivienda en Itagüí.

En ese misma sesión el señor Posada se comprometió a entregar las 398 viviendas en mayo del 2016, como lo manifestó él mismo: “el proyecto está programado a partir de 3 años desde el momento en que se escriture; es decir todas o casi todas las urbanizaciones tienen su escritura a partir de mayo de 2013, estamos trabajando tan duro tan duro que creemos que podemos terminar antes” (Acta 042/2013).

Las ilusiones de la comunidad están puestas en esos proyectos de viviendas, los cuales tienen dilaciones que nadie explica. No tienen subsidios del gobierno nacional, como lo había prometido el señor Posada Restrepo. Tampoco de la empresa de Vivienda de Antioquia (VIVA). Lo último que se sabe es que se construirán 50 viviendas y ya se tiene la constructora, quien venderá los apartamentos a $53.000.000. ¿Y dónde quedan las otras 348 familias que dieron el dinero en los tres proyectos?

Aquí surgen varias preguntas: ¿Por qué la remoción de tierra de manera simultánea en los tres lotes? ¿Qué pasará con los dineros de las demás familias que consignaron en el Banco Agrario? ¿Dónde está la supervisión que debe hacer el Secretario de Planeación de Yarumal, ante quien deben presentar el cierre financiero de los tres proyectos?

Una fuente de alta confiabilidad me confirmó que piensan comprar otros tres lotes para construir una urbanización, ofreciéndoles como pago a los propietarios un apartamento de los que se piensan construir. Esto se suma a la investigación que publiqué en 2014.

De manera simultánea a la coordinación de las juntas populares de vivienda Edilberto Posada Restrepo hace su campaña para la Alcaldía de Yarumal, cargo al que piensa aspirar avalado por el Partido de la U con el eslogan “Yarumal vuelve a creer” (ver fan page).

La estrategia de promover juntas populares de viviendas le ha puesto votos a congresistas y diputados, y ahora pretenden llegar a la Alcaldía de Yarumal con esos mismos votos, más los sueños de centenares de familias que confían en que algún día tendrán su casa. Es la misma historia de Ángela María Cano en Itagüí. El ministro de Vivienda debería darse una pasada por Yarumal y conocer esta historia.

Cola: ¿Quién manda en la Procuraduría Provincial de Amagá? La Procuradora Provincial, Graciela del Rosario Guzmán Bravo, de origen conservador, fue nombrada directamente por el procurador por recomendación del senador nariñense Manuel Enríquez Rosero. La señora Guzmán Bravo fue contratista de Corponariño en 2008-2009, cuando era director Robert Mauricio Ramos, señalado de ser ficha del senador Enríquez. También trabajó en la oficina jurídica donde era directora Teresa Enríquez Rosero, hermana del senador. En conclusión: es un directorio Conservador.

Coletilla: ¿En 7 días, entre el 5 y el 12 de mayo, va a desaparecer una inhabilidad de un Certificado Especial expedido por la Procuraduría General de la Nación? ¿Una sanción disciplinaria impuesta contra la exalcaldesa de Santa Bárbara, María Celia Román Quintero, el 23 de noviembre de 2013, que terminaría en noviembre del 2016, desapareció de un momento a otro? ¿Qué tiene que ver la doctora Graciela Guzmán Bravo en este “borrón” y cuenta nueva? ¿Cómo se hace para modificar en el sistema inhabilidades y sanciones? ¿En tres certificados sí puede haber errores, siendo el certificado de antecedentes disciplinarios un documento oficial? El baile del billete para los ratones.

[Publicada en www.bajolamanga.co el 15 de mayo de 2015]