FALLO EN PRIMERA INSTANCIA DE ACCIÓN POPULAR CONTRA EL MUNICIPIO DE YARUMAL POR EL PARQUE RECREATIVO



(Fallo de Primera Instancia)
 
El pasado 21 de noviembre de 2014 el Juzgado Doce Administrativo Oral de Medellín falló en Primera Instancia la Acción Popular interpuesta por Diego Fernando Pérez González en contra del municipio de Yarumal, Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional y el Instituto del Deporte y la Recreación de Yarumal –INDERYAL-, en donde le solicita al juez proteja los derechos colectivos de la comunidad en cuanto al disfrute de los espacios públicos y la recreación, toda vez que las instalaciones del parque recreativo Rubén Piedrahíta Arango, conocido comúnmente como ‘El Preventorio’, se encuentra en posesión del Batallón de Infantería N° 10 Coronel Atanasio Girardot. (ver El parque de la indignación popular)


Orden el Ejército
En el fallo, conocido en exclusiva, la juez Leidy Johana Arango Bolívar le solicita al Ejército Nacional que “en el término de DIEZ (10) MESES, contados  partir de la ejecutoria de la presencia providencia, reintegre al MUNICIPIO DE YARUMAL, ANTIOQUIA, la zona del Parque Ambiental y Ecológico Rubén Piedrahíta (…) se dispone el retiro de los miembros del Ejército Nacional…”.

Orden al municipio
“Para dar cumplimiento efectivo a esta orden, el MUNICIPIO DE YARUMAL (ANTIOQUIA) y el INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE YARUMAL –éste dentro de su competencia-, deberán ejecutar las siguientes actividades orientadas a limpieza, adecuación del Parque…

3.1. La Administración municipal ordenará el cierre del parque prohibiendo el ingreso de usuarios mientras duren las obras de adecuación y recuperación del espacio público, salvo la zona destinada para la placa polideportiva (cancha de fútbol, gradería, camerinos), a la cual se le adicionará una entrada provisional exclusiva para esa zona, con la instalación de avisos de prohibición de paso e información del riesgo en las demás zonas que conforman el parque.

El cumplimiento de esta orden deberá acreditarse por parte de la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Planeación  e Infraestructura del Municipio de Yarumal en un plazo de DOS (2) MESES, contados a partir de la notificación de la presente sentencia.

(…)

3.5. Deberá adelantar estudios y diseños técnicos, presupuestales, administrativos y financieros para determinar la forma como se adecuará el parque y se recuperará el espacio público, de acuerdo a las necesidades de la comunidad de Yarumal y a la destinación previa que ya se le había dado a ese lugar. En todo caso, orientadas a precaver un detrimento patrimonial al público del ente territorial.

El plazo máximo
“Para la ejecución de las obras que determinen NECESARIAS para la adecuación y recuperación del espacio público, la administración municipal contará con un plazo máximo de DOCE (12) MESES, contados a partir del vencimiento de los ocho meses dispuestos para labores de cierre, limpieza y proyección…”, anota la juez.

¿Dónde están los órganos de control?
En el 2008 fue interpuesta una solicitud de investigación por el exalcalde Carlos Guillermo Atehortúa Quiceno, a quien le correspondió recibir las obras inconclusas del parque recreativo el 1° de enero de 2008. Él, actuando conforme a su criterio como ingeniero civil y revisando la financiación del contrato, lo liquidó y solicitó investigación de la Contraloría General de Antioquia por irregularidades en la licitación, tal y como lo detalla la juez en su providencia.

El absuelto
La Contraloría General de Antioquia mediante Auto motivado exoneró de responsabilidad fiscal a Rodrigo Albeiro Jaramillo Villegas (alcalde periodo 2004-2007), quien invirtió la suma de $2.783.875.818 pesos en la construcción del parque recreativo.

La apelación del Fallo
Una fuente consultada me comunicó que la Alcaldía de Yarumal se encuentra en estudio y revisión del fallo de la Acción Popular, en donde debe haber una defensa jurídica y un experto en obras civiles, para poder hacer uso del recurso de reposición y apelación. Se espera un pronunciamiento por parte del Alcalde Municipal

 (Investigación de la Contraloría)

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