Sergio Mesa Cárdenas

[Publicada en Bajo la Manga y en los blogs virtuales de El Espectador ] ¿Qué sucede en la Contraloría General de Antioquia que los fallos fiscales, en su mayoría, son absolutorios? ¿Dónde está la función de proteger los recursos públicos? Las respuestas son escasísimas. La gestión como Contralora General de Antioquia de Luz Elena Arango Cardona, cercana al exdiputado y hoy congresista y presidente de la Comisión de Acusaciones, Julián Bedoya Pulgarín, no alcanzará a llenar las expectativas. O sí: se pensionará con sueldo de contralora.    Curiosamente el escándalo sobre las coimas recibidas por el magistrado Jorge Pretelt Chaljub, presidente de la Corte Constitucional, quien es acusado de incidir en un fallo de acción de tutela, le tocará iniciarlo a Bedoya. No le veo avances a esa investigación. En el 2012 fue elegida como Contralora General de Antioquia la administradora de empresas y auditoria de calidad, Luz Elena Arango Cardona, por la coalición de seis partido

La crisis de la salud es un tema que no podemos eludir en ningún medio, porque la crisis de recursos y la quiebra inminente de centros hospitalarios es noticia cada día. Unos le echan la culpa a la Ley 100 de 1993, quizás teniendo razón, pero hay un mal mayor que ese, que carcome las entidades y se enquista para desangrarlas: la corrupción y los carteles de la contratación.  En una investigación que desarrollé durante tres meses, partiendo de una primera prueba que llegó a mis manos, pude determinar que el gerente de la E.S.E. Hospital San Juan de Dios, de Yarumal, suscribió un contrato con una empresa de Panamá, de nombre Luxury Capital Invesment , representada por Tatiana Itzel Saldaña Escobar, por $150.000.000 ($US. 75.000) quien además es socia de otras 2558 sociedades que aparecen registradas en Panamá. Estamos ante un claro caso de paraíso fiscal. El 15 de octubre de este año el gerente del hospital firmó la compra, mediante leasing respaldado por Davivienda

Al ver el reportaje emitido por Noticias Uno , en la sección ¡Qué tal esto! , en donde se contaba (y también denunciaba) la historia del periodista Juan Esteban Mejía, no pude evitar pensar en mí y en las situaciones que he enfrentado al opinar o investigar, denunciando a los corruptos y políticos con nexos con mafias y redes criminales. Y eso que él trabajaba para la revista Semana como corresponsal en Medellín. ¡Qué diremos nosotros! Cada vez que opinamos o publicamos una investigación o una información que levanta ampolla, nos arriesgamos a ser citados por la Fiscalía General de la Nación, encargada de investigar delitos tipificados dentro del Código Penal, en donde se encuentra la injuria y la calumnia, dos palabras que los políticos tiene dentro de su imaginario, casi siempre, para responder a cualquier cuestionamiento o denuncia. En vez de responder por lo que se denuncia o mostrar las pruebas, siempre atinan a decir: “retráctese o lo va a tener que demostrar ante un juez”